El Gobierno vigilará a los medios para perseguir lo que considere «desinformación»
El Gobierno pone en marcha su plan para luchar contra la desinformación con una estructura de control centralizada que otorga la coordinación de esta estrategia a los colaboradores más estrechos del presidente del Gobierno.
El procedimiento fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre y no se publicó hasta ayer en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo es combatir «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
El Gobierno se refugia en todo momento en que se trata de «una respuesta» a la petición de la UE de «desarrollar y coordinar planes nacionales contra la desinformación». Concretamente menciona el «European Democracy Action Plan», entre cuyas líneas estratégicas La Moncloa menciona: «Fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil».
El ejecutivo justifica este plan porque la crisis del Covid ha desencadenado «una “infodemia” sin precedentes». Aunque la estrategia estaba definida de antemano y se tomará como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018.
De este modo, se tiene el objetivo de vigilar eventos de desinformación de ciertos medios de comunicación, evaluar su impacto y «medidas para mitigarlo». Y la respuesta política, incluyendo «la adopción de medidas en el caso de atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación». Todo ello estructurado en cuatro niveles de respuesta.
Una comisión permanente
El Gobierno involucra a partir de esta orden ministerial a varios organismos en la lucha contra la desinformación. El punto más relevante es esa comisión permanente coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación y dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional. Esto pone al frente de la estrategia a Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, y en primer término a Redondo.
Estos dos de los principales colaboradores del presidente Sánchez se apoyarán en el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del ministerio de Defensa, en el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del ministerio de interior. También de la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Y por último de la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y TransformacIón Digital.
Esta comisión permanente tendrá como objeto «asegurar la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la desinformación». En el BOE también se esgrime la necesidad de abordar el fenómeno de la desinformación (también llamadas «fake news») de «manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la Covid-19».
En un punto se hace referencia a la sociedad civil, mencionando a los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales como agentes a los que se podrá solicitar su contribución de caraa a «la identificación y no contribución a su difusión» y evitar su propagación en el entorno digital.
El procedimiento de detección de desinformación establece cuatro niveles de activación:
1. Nivel con capacidad para actuar a nivel técnico de detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia.
2. Nivel con capacidad para apoyar la coordinación, sincronizar y priorizar todos los esfuerzos en la lucha contra la desinformación.
3. Nivel en el que se adoptan decisiones y marcan objetivos de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a una campaña de desinformación.
4. Nivel de gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional.
El Gobierno se defiende
Fuentes consultadas defienden que la estrategia está pensada para cuestiones que afecten a la seguridad nacional o para cuestiones relevantes, por ejemplo en el ámbito de la salud. Se insiste rotundamente en que la estructura no tiene nada que ver con los medios de comunicación. «De hecho en el texto no se plantea ninguna limitación al derecho de información».
Ya en la tarde de ayer, y tras el revuelo generado, el Gobierno quiso emitir un comunicado explicando que «la finalidad es evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país».
El punto que origina todas estas acciones son los debates suscitados en Europa a raíz de las presuntas injerencias en el referéndum del Brexit y en la campaña electoral de Estados Unidos en 2016. «En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones», defiende el Gobierno.